Sindicatos de prensa de Argentina denunciaron este lunes los ataques del Gobierno de Javier Milei contra la libertad de expresión tras el permiso de allanamientos contra quienes han revelado información sobre la supuesta implicación de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una red de coimas.

LEA TAMBIÉN:

Gobierno de Milei inicia privatización de la empresa estatal Corredores Viales de Argentina

En este sentido el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) se solidarizó con los periodistas Jorge Rial y Federico Mauro, quienes denunciaron el atropello contra la prensa. “Rechazamos la medida cautelar y exigimos al Poder Judicial que defienda el derecho a la información”, denunció el sindicato.

“Convocamos a todas las organizaciones de la actividad a reforzar acciones para proteger el rol de la prensa en la sociedad”, refirió el gremio.

Fernando Soto, abogado del Ministerio de Seguridad de la Nación, requirió entre las medidas de prueba los “allanamientos y secuestro forense en las oficinas y estudios de ‘Carnaval Stream’”, un medio de comunicación vinculado al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.

Mientras, las medidas requeridas al juzgado federal número 12, que es subrogado por Julián Ercolini, son sobre el canal que difundió los primeros audios y sobre los domicilios de periodistas y empresarios, según compartió El Destape web.

Tras la decisión judicial que ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada y atribuidos a Karina Milei, el periodista Jorge Rial denunció el intento de censura.  

“Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo y parece que ese laburo molesta al poder. Gracias a Dios que molesta al poder, porque ese es el laburo, molestar al poder”, afirmó el conductor de C5N.

Mientras calificó la situación como “peligrosa” y advirtió que el país se está acercando a un “régimen totalitario”, declaró que “pocos países en el mundo se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas”.

La medida cautelar dictada por un juez nacional prohíbe la publicación del material difundido el 29 de agosto y ordena el cese de su difusión “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. 

Según el medio Tiempo Argentino la ola de reacciones generada por la resolución judicial «le entregó en bandeja al gobierno la posibilidad de sacar del foco el tema central que por casi dos semanas no supieron cómo manejar». En este sentido señalan que «la conversación pública ya no está puesta en la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y mucho menos en la posible implicación de Karina Milei en un aparente y aceitado mecanismo de recaudación blue ejecutado desde la Agencia Nacional de Discapacidad.»

Los audios incriminantes

Las grabaciones atribuidas al exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, apuntan contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, pero las críticas también alcanzan a otras figuras del entorno presidencial.

En los primeros audios, a Spagnuolo se le adjudicó hablar de una trama de presuntas coimas pedidas a proveedores de la ANDIS y repartidas por uno de ellos: la droguería Suizo Argentina, que fue allanada como el exfuncionario. En estos testimonios, se le adjudica el cobro de “un 3% para Karina”, un sobreprecio que de confirmarse, habría implicado un desvío de fondos millonario para la hermana del presidente.

Los audios, fueron divulgados por medios como Data Clave y el programa radial Argenzuela, cuyos periodistas hoy son perseguidos.

Medios locales señalan la existencia de decenas de audios que comprometen tanto a la hermana del presidente, como a todo su círculo cercano.

EN ESTA NOTA: